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La Jornada sobre Urbanismo y Seguridad reúne a expertos en diversas disciplinas para explorar de manera integral los desafíos y soluciones relacionados con la planificación urbana y la seguridad ciudadana, combinando el conocimiento de criminólogos, juristas, arquitectos, policías y responsables de la administración local para abordar de manera holística la compleja relación entre el entorno urbano y la prevención del delito.
En la actualidad, nuestras ciudades enfrentan desafíos crecientes en términos de seguridad, y la comprensión de cómo la planificación urbana puede influir en estos aspectos es fundamental. Esta jornada proporcionará a los participantes una visión profunda de las interconexiones entre el diseño del entorno urbano, las políticas legales, la aplicación de la ley y la participación comunitaria para construir comunidades más seguras y sostenibles.
Ponentes provenientes de diversas disciplinas, compartirán sus experiencias y conocimientos especializados, proporcionando a los participantes una perspectiva integral y práctica sobre cómo mejorar la seguridad en nuestras comunidades urbanas. Esta jornada fomentará el diálogo interdisciplinario y la colaboración, preparando a los participantes para aplicar soluciones innovadoras y sostenibles en el diseño y la gestión de entornos urbanos seguros.
La denominada «Sociedad del Riesgo», según expresión de Ulrich Beck, ha sufrido en los últimos años diferentes eventos de alto impacto, como la pandemia de Covid-19, la erupción de volcanes o movimientos sísmicos. Esta situación ha llevado a distintas organizaciones a formular los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por su parte, el Gobierno de España ha profundizado en el tema, creando la Agenda 2030. Todos estos esfuerzos persiguen aumentar las capacidades de autoprotección, así como conductas seguras que empoderen a las personas y las conviertan en protagonistas como agentes proactivos.
Esta formación persigue dotar a los asistentes de herramientas y procedimientos proactivos que les permitan mejorar su autoprotección y resiliencia, analizando riesgos y estableciendo medidas mitigadoras de los mismos.
Existe un amplio consenso en que nos encontramos en una nueva era geopolítica, donde acontecimientos como el conflicto de Ucrania, el cambio climático, la creciente influencia de China, el auge de las tecnologías disruptivas o la pandemia de COVID‑19 han tenido un efecto transformador en la política y la economía mundiales. Estas circunstancias han impactado significativamente en la seguridad nacional de España, en general, y de Canarias en particular. De hecho, debido a su ubicación geográfica, el archipiélago canario enfrenta desafíos únicos, pero también ofrece oportunidades singulares para su gestión. Teniendo en cuenta lo anterior, este curso de verano aborda de manera multidisciplinar, los diversos riesgos y amenazas que afectan a Canarias y la manera en que el sistema de seguridad nacional español trata de proteger la libertad, los derechos y bienestar de sus ciudadanos. Para ello, las diferentes ponencias y las dos mesas redondas ofrecen una combinación de reflexiones teóricas y académicas sobre el contexto global y algunos problemas concretos derivados, por ejemplo, de la inmigración, el terrorismo o la ciberdelincuencia, con propuestas más prácticas sobre los retos institucionales para el abordaje de los mismos.
El objetivo del curso es la promoción y difusión de la cultura de Defensa, la cual es uno de los aspectos básicos de la Defensa de España. La cultura de Defensa busca la información del ciudadano sobre la defensa, uno de los servicios públicos que el Estado presta, y su identificación con las Fuerzas Armadas. La importancia de la cultura de Defensa reside en que, sin la comprensión y apoyo del ciudadano, toda la estructura de seguridad y defensa pierde la mayor parte de su efectividad.
Inmigración, Refugiados: Ideologías, Discursos y Manifestaciones Sociales del Odio
Inmigración, refugiados, asilo, ideologías y discursos del odio, constituyen algunas de las dimensiones principales de una problemática que exige diagnósticos precisos e intervenciones locales. Se trata de una prioridad de la seguridad interior y exterior de la Unión Europea, de sus Estados Miembros, y por consiguiente de España y Polonia. La prioridad de intervenir frente a las ideologías y los discursos del odio ha escalado posiciones en la agenda política de las instituciones internacionales y europeas. La Unión Europea ha incrementado su acervo jurídico y las iniciativas dirigidas a la vigilancia, control y erradicación de la discriminación racial, la discriminación basada en el género, el sexismo, la homofobia, la transfobia, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, la discriminación contra los gitanos, la afrobia, la aprofobia, y la discriminación de las personas discapacitadas. Los inmigrantes, refugiados, y otras minorías son la diana preferente de las ideologías del odio. Un abanico de formas definen los discursos de odio y sus manifestaciones sociales como: la negación, trivialización, justificación, las discriminaciones múltiples, o la condonación públicas de los delitos de genocidio, los delitos de lesa humanidad o delitos en caso de conflicto armado cuya comisión haya sido comprobada tras recaer sentencia de los tribunales o el enaltecimiento de las personas condenadas por haberlos cometido.
Los discursos de odio y sus manifestaciones sociales constituyen una amenaza para la cohesión europea, sus sociedades abiertas, la calidad democrática de los países, dado que ponen a prueba las capacidades instaladas del Estado de Derecho en la protección de los derechos humanos. Esta sesión del Seminario Permanente Internacional de Seguridad Interior y Exterior de la Unión Europea, titulada: Inmigración, Refugiados: Ideologías, Discursos y Manifestaciones Sociales del Odio, tiene como propósitos establecer diagnósticos, mejorar prácticas y protocolos, y ofrecer premisas de intervención social local para prevenir, vigilar y erradicar los discursos del odio y sus manifestaciones sociales contra los inmigrantes, refugiados y otras minorías. A la luz del enfoque adoptado se abordarán los ámbitos.
• Protección de las víctimas.
• Intervención judicial.
• Intervención sanitaria.
• Intervención Psicosocial.
• Intervención educativa en la desarticulación de los sistemas de creencias que sustentan los discursos de odio.
• Gestión participada de la diversidad cultural por representantes políticos, religiosos, de las comunidades, medios de comunicación, y de las organizaciones y movimientos sociales.
• Difusión mediática y en redes sociales de los relatos frente a los discursos del odio.
• Intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y la colaboración ciudadana e institucional.
La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.
El Sistema Nacional de Protección Civil, se establece desde la entrada en vigor de la Ley 17/2005, de 9 de Julio, del Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil, y regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia.
Las distintas administraciones se dotan de unos medios para llevar a cabo esta tarea que como el propio preámbulo de la Ley 17/2005 recoge parte del derecho de los ciudadanos a estar informados sobre los riesgos colectivos que le afecten, a disponer de las medidas de prevención adecuadas ante ellos y a disponer de medios y protocolos de actuación para actuar en caso de emergencia o catástrofe.
La coordinación es sustancial para el funcionamiento eficaz y armónico del sistema y para optimizar sus recursos, y determinante de que todas las actuaciones y medios estén orientados prioritariamente a reducir de forma permanente y sostenible los riesgos y las vulnerabilidades que afecten a la población y a los bienes protegidos, así como a aumentar la capacidad individual y colectiva de reacción ante las emergencias.