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Este curso tiene como objetivo principal, que el alumnado conozca y disponga de una visión de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones públicas y Ley 40/2015 de Regimen jurídico del Sector Público relacionado con los temas comunes en oposiciones de la Administración General del Estado, Administración de las Comunidades Autónomas y Administración local que le permitirá presentarse a varias.
Las Administraciones Públicas y el Derecho Administrativo que rige su actividad y funcionamiento se enfrentan a una serie de retos que cuestionan el siempre equilibrio inestable entre las potestades de la Administración y las garantías y derechos de los ciudadanos. Sin embargo, también la sociedad exige más prestaciones y más servicios, pero también más eficazmente, a las Administraciones, percibiéndose, en ocasiones, el Derecho Administrativo como un obstáculo para la consecución de los fines y objetivos públicos. En especial, en contextos de crisis y de cambios, es necesario reflexionar sobre los principios que informan el Derecho Administrativo y sobre los conceptos y técnicas que lo articulan. Por ello, este curso pretende analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la actividad de la Administración, la incidencia de las crisis económicas y sanitarias en ámbitos como la contratación pública, las sanciones o la responsabilidad patrimonial de la Administración o algunos problemas estructurales a los que se enfrenta la Función Pública o el Derecho europeo, cuyo impacto sobre nuestras Administraciones y sobre el Derecho Administrativo es cada vez más expansivo y más imprevisible.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el procedimiento administrativo y las relaciones entre el Estado y los particulares, es una de las leyes más importantes en la preparación de una oposición.
El curso analizará la potestad sancionadora de la Administración, exponiendo sus caracteres generales, el concepto de sanción (para diferenciarla de otros actos perjudiciales para los ciudadanos) y los principios que informan la regulación y ejercicio de esta potestad, prestando particular atención al principio de legalidad. Asimismo, se analizará con detenimiento el procedimiento administrativo sancionador (garantías, fases, resolución). Finalmente, se expondrá la actividad sancionadora de la Unión europea, no sólo cuando la Administración europea impone sanciones sino también la exigencia del Derecho europeo para que los Estados establezcan sanciones ante el incumplimiento de las normas europeas.
El acto administrativo es una institución jurídica fundamental en el Derecho Administrativo y es uno de los instrumentos más importantes de los que dispone la Administración para alcanzar los fines de interés general que se le imponen. Resulta, pues, fundamental analizarlo, partiendo de su propio concepto, para identificar sus elementos esenciales y diferenciarlo así de otras instituciones, como el reglamente. Se estudiarán las distintas clases de actos administrativos, destacando la funcionalidad que presentan en distintos ámbitos (para su impugnación, para su revisión, para su adopción, etc.). También se abordará la eficacia de los actos, no sólo desde la perspectiva de sus condiciones de eficacia (en particular, la notificación) sino también de sus dimensiones (subjetiva; temporal; territorial). Igualmente se presentarán los medios que se otorgan a la Administración para hacer efectivos los efectos jurídicos de los actos (medios de ejecución forzosa). Finalmente, se analizará el acto administrativo desde una perspectiva negativa: esto es, desde los vicios de invalidez que pueden hacer necesaria su anulación, distinguiendo no sólo los grados de invalidez (nulidad de pleno derecho; anulabilidad; irregularidades no invalidantes) sino también de los mecanismos administrativos para declarar tal invalidez (en particular, la revisión de oficio, el proceso de lesividad, la revocación).
La LTAIBG establece, por primera vez, en nuestro ordenamiento jurídico administrativo, un conjunto articulado de medidas destinadas a garantizar la transparencia de la actividad de nuestras instituciones y Administraciones Públicas.
Estas medidas se desenvuelven en dos direcciones: por un lado, establecen una serie de obligaciones positivas para los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación, consistentes en publicar de forma proactiva determinados datos o informaciones relativos a su organización y la actividad que desempeñan; por otro, desarrollan el derecho de la ciudadanía a acceder a la información obrante en los archivos y registros de las organizaciones públicas, establecido en el art. 105 de la Constitución Española, y garantizan que dichos sujetos habrán de responder y tramitar las solicitudes de acceso de los ciudadanos y ciudadanas de forma adecuada y con las garantías oportunas.
La aplicación de esta Ley generado en la práctica algunas cuestiones que se tratarán de resolver en el curso:
Se analizará en detalle el ámbito subjetivo de la Ley para responder a la pregunta de hasta a quién llega la obligación de ser transparentes. Se trazará la diferencia entre la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. Se estudiarán los límites en materia de protección de los datos personales y resolveremos cuestiones como hasta dónde llega la transparencia: ¿Se deben publicar las agendas de los políticos con una relación detallada de las personas que acudan a una determinada reunión o la protección de datos actúa como una cortapisa a dicho acceso? ¿Si se deben publicar los beneficiarios de las subvenciones: debo hacerlo también cuando se trata de ayudas para colectivos vulnerables? ¿La transparencia llega a las retribuciones de los empleados públicos?
Por otra parte, responderemos a la cuestión de qué ocurre con respecto a aquellas personas que tienen la condición de interesadas en un procedimiento administrativo: ¿El acceso a la información debe regirse por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común o por la LTAIBG o pueden acudir igualmente a la LTAIBG. También se concretará cómo se ejerce el derecho de acceso y ante quién; si es impugnable la resolución por la que se desestime nuestra petición de acceso a la información pública. Finalmente, y dado que a lo largo de estos años se ha ido forjando una doctrina en materia de transparencia, especialmente de la mano del Consejo de Transparencia, merece la pena repasar algunos supuestos concretos.
