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Curso dirigido a conocer, de manera especial, el estado del bienestar: financiación, coste y efectos que produce en el mismo el fraude fiscal, la mala gestión o el mal uso por parte de los contribuyentes.
Trabajar en conjunto para conseguir un resultado final no parece difícil pero existen estrategias que aumentan exponencialmente los resultados en la medida que adquirimos conocimientos sobre ellas. Se espera de esta conferencia que sirva como arenga para potenciar la generación de urdimbres sociales asentadas y eficientes capaces de atender de la mejor forma posible las necesidades de la ciudadanía.
Encontrarse en desempleo supone la perdida del salario con el que atender las necesidades propias y familiares, por ese motivo se articulan una serie de ayudas sociales como son las prestaciones y subsidios para paliar, en parte, esa situación. En este curso veremos cuales son y los requisitos para acceder a ellas.
Desde una perspectiva global, los ciudadanos nos encontramos en una encrucijada en el ámbito del bienestar social y los servicios sociales. Por un lado, el bienestar social está anclado en la participación ciudadana, que nos permite intervenir en los procesos de toma de decisiones y ejercer nuestros derechos. Por otro lado, la digitalización acelerada de nuestras administraciones tras la pandemia del COVID-19, se ve reforzada por la incorporación de la Inteligencia Artificial. En todo este proceso, no podemos dejar abandonadas a las personas que viven en entornos rurales, despoblados y aislados. En esta conferencia internacional, financiada por la Diputación de Málaga, y con la colaboración del Ayuntamiento de Ronda y la ICSW, abordamos los retos de la participación en el ámbito del bienestar social, con especial referencia a la administración local, la administración más cercana a los ciudadanos y responsable de los servicios sociales en muchos países.
¿Qué camino debemos tomar, en un contexto en el que las nuevas tecnologías pueden reforzar la participación, o pueden reforzar la jerarquización y la vigilancia? ¿Cómo redefinir y reforzar la participación ciudadana en un contexto de digitalización e Inteligencia Artificial? ¿Cuál es nuestro modelo de digitalización? ¿Cuáles son las competencias clave que necesitamos para ser eficaces en un entorno social que es físico, pero que también se reproduce en el metaverso? ¿Qué papel pueden desempeñar las metodologías de codiseño y cocreación en el ámbito de la participación ciudadana? ¿Cómo reforzar la solidaridad intergeneracional? ¿Cómo abordar los problemas de aislamiento y soledad en los entornos rurales y aislados?
En este seminario, participan los tres presidentes globales de las organizaciones más relevantes en Trabajo Social: Joachim Mumba (presidente global de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales), Antoinette Lombard (presidenta global de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social) y Sergei Zelenev (presidente global del Concilio Internacional de Bienestar Social, ICSW). Además, contamos con la participación especial del ICSW Europa, que organiza una de las sesiones de la conferencia. A partir de los resultados de la reunión internacional sobre participación celebrada en Ronda en 2024, se presentará también en esta conferencia la versión final de la Declaración de Ronda de ICSW, resultado de un largo proceso participativo en 2024 y 2025.
La participación ciudadana no es un mero desiderátum constitucional, tampoco es una carta a los Reyes Magos públicos que todo lo puedan .
La participación ciudadana encarna mecanismos institucionales y procedimientales que fortalecen la gobernanza y las instituciones a través de la toma de decisiones consensuadas y en las que los conflictos son sacados a luz para su resolución.
Nuestro seminario internacional abordará estos temas en cuatro escalas o ámbitos territoriales complementarios y podemos formarnos en las principales novedades sobre mecanismos y herramientas de participación su regulación y su práctica .
¡Os esperamos!
Los derechos de las personas consumidoras y usuarias en su 40º Aniversario. Pasado, presente y futuro en una constante defensa de la parte contractual más débil
En 2024 vamos a conmemorar el cuadragésimo aniversario de la promulgación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que desarrolla el principio constitucional de protección de los consumidores proclamado en el artículo 51 de la Carta Magna. Aunque dicha ley fue dictada con cierto apresuramiento debido a la alarma social generada por el síndrome tóxico producido por el aceite de colza adulterado, ocupa sin duda un lugar preeminente en nuestro ordenamiento jurídico dado su carácter pionero y su indiscutible impacto social.
Sin embargo, los transcendentes cambios tecnológicos, económicos y sociales producidos desde entonces han dado lugar a nuevas prácticas en la contratación con consumidores y usuarios. Asimismo, la integración de España en la entonces Comunidad Económica Europea ha conducido a la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del acervo comunitario o acquis communautaire, también obviamente del dictado en materia de protección de los consumidores, el cual se encuentra en constante desarrollo.
En este sentido, debe tenerse presente que uno de los objetivos de la Unión Europea es garantizar que todos los consumidores de la Unión disfruten de un nivel común elevado de protección contra los riesgos y amenazas para su seguridad y sus intereses económicos, así como aumentar la capacidad de los consumidores para defender sus propios intereses. En último término, además, una política eficaz de protección de los consumidores redunda en un funcionamiento adecuado y eficiente del mercado único, ya que aquella tiene por objeto asegurar los derechos de los consumidores frente a los empresarios y proteger de forma más adecuada a los consumidores vulnerables, especialmente afectados por las crisis de distinta naturaleza vividas en los últimos lustros.
Pues bien, la celebración de los cuarenta años de la Ley 26/1984 constituye ocasión propicia para poner en valor el contenido del referido texto normativo, analizando el presente del Derecho del consumo -conformado principalmente por el Real Decreto Legislativo 1/2007, en coexistencia con la Ley Foral 34/2022- y también, en fin, resulta momento óptimo para reflexionar sobre su inmediato futuro, ante el vislumbre de cambios legislativos de indudable calado.