Los aspectos relacionados con la Responsabilidad Social en la empresa están de plena actualidad. Las administraciones públicas están exigiendo el cumplimiento de estándares sociales y medioambientales a las empresas en sus procesos de licitación para acceder a la contratación pública y a ayudas para la internacionalización. En 2014, coincidiendo con la aprobación de la Directiva 95/2014 de divulgación de información no financiera e información sobre diversidad, asistimos a una incipiente legislación con disposiciones en diferentes ámbitos de la RSC. De toda la legislación existente destaca por su trascendencia la Directiva 2014/95 y su posterior revisión en 2022 y los trabajos actuales en relación con la Directiva de Diligencia Debida en Derechos Humanos y Medioambiente. En el caso de España la Ley 11/2018 de 28 de diciembre en materia de información no financiera y diversidad establece que las empresas de más de 250 trabajadores, deben presentar un estado de información no financiera dentro del informe de gestión consolidado que incluya la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal incluidas las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal. Esta información debe ser verificada por un tercero independiente y ser sometida a aprobación como punto separado del orden del día por parte de la Junta General de Accionistas. En Europa la normativa ha evolucionado hacia la Directiva 2022/2464. Esta nueva Directiva, que sustituye a las de 2014, amplia el alcance de las empresas obligadas y refuerza las obligaciones de transparencia, adoptando una perspectiva de doble materialidad y estableciendo criterios de reporte más detallados y estandarizados. En este marco, las empresas estarán obligadas a partir de 2025 a reportar información de acuerdo con las normas desarrolladas por el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG).
Por otro lado, el avance legislativo en Europa para regular la responsabilidad de las empresas sobre los impactos en los derechos humanos y el medio ambiente es una realidad y en el Parlamento Europeo recientemente ha aprobado la Directiva de Debida Diligencia de las Empresas en materia de Sostenibilidad. La debida diligencia busca prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas concernientes a las actividades de las empresas y a sus relaciones comerciales sobre los derechos humanos, tomando en cuenta tanto una evaluación del impacto real como del potencial.
La exigencia legal de una mayor transparencia sobre los ámbitos que integran la sostenibilidad, y los requerimientos normativos en torno a la gestión de riesgos sociales y medioambientales en las cadenas de valor, requiere que las empresas cuenten con profesionales con amplios conocimientos en los distintos ámbitos de la RSC, de las principales referencias y estándares y de las tendencias actuales. Esto plantea la necesidad de profesionales formados técnicamente y familiarizados con las herramientas relacionadas con la gestión de la debida diligencia y la rendición de cuentas y con conocimientos suficientes que les permitan abordar los elementos recogidos en la normativa.
Este curso ofrece herramientas conceptuales y metodológicas para la elaboración de memorias de responsabilidad social y del Estado de Información no Financiera que plantea la Ley 11/2018 y la Directiva y la aplicación de la debida diligencia por parte de la empresa.
Todas las ponencias se transcriben para personas con discapacidad auditiva.
