La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.

El Sistema Nacional de Protección Civil, se establece desde la entrada en vigor de la Ley 17/2005, de 9 de Julio, del Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil, y regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia.

Las distintas administraciones se dotan de unos medios para llevar a cabo esta tarea que como el propio preámbulo de la Ley 17/2005 recoge parte del derecho de los ciudadanos a estar informados sobre los riesgos colectivos que le afecten, a disponer de las medidas de prevención adecuadas ante ellos y a disponer de medios y protocolos de actuación para actuar en caso de emergencia o catástrofe.

La coordinación es sustancial para el funcionamiento eficaz y armónico del sistema y para optimizar sus recursos, y determinante de que todas las actuaciones y medios estén orientados prioritariamente a reducir de forma permanente y sostenible los riesgos y las vulnerabilidades que afecten a la población y a los bienes protegidos, así como a aumentar la capacidad individual y colectiva de reacción ante las emergencias.