Hasta finales de la década de los años 70 del siglo XX, el modelo dominante en el tratamiento y solución de los problemas de las personas con discapacidad fue el denominado modelo “médico” o “asistencial”; esto es, un sistema cuyo núcleo esencial lo integran las deficiencias, lesiones o daños fisiológicos, mentales o sensoriales de tipo estructural o funcional que se padecen. La condición de discapacidad queda así asociada con la situación particular de cada persona, a la que se considera necesitada de control clínico o tratamiento terapéutico, de manera que el problema de la discapacidad se aborda desde una perspectiva asistencial particularizada. De ahí, que la percepción y representación que los poderes públicos y la sociedad en su conjunto tienen de los discapacitados coincida, en lo esencial, con un grupo de personas necesitadas de atención más o menos duradera, que se articula a través de una diversidad de vías, en buena medida de carácter reparador. Por enunciar la idea con la ayuda de un ejemplo sencillo pero gráfico. En este modelo, los problemas de movilidad se entienden como problemas subjetivos, afrontándose mediante medidas de rehabilitación dirigidas, en el mejor de los casos, a lograr la recuperación acorde con los estándares ordinarios de agilidad y, en la peor de las suertes, a la puesta a disposición de mecanismos que sustituyan la deficiencia funcional o anatómica. Por lo demás, el lenguaje al uso utilizado, tanto el normativo como el social, se ajusta a esta noción, de manera que las personas con discapacidad se identifican con arreglo a los términos que describen sus limitaciones: “impedido”, “lisiado”, “paralítico”, “retrasado”, “ciego” o “sordo”.