Todas las personas, en su actividad habitual, recaban datos de otros, todos tenemos dispositivos móviles en cuya agenda almacenamos los teléfonos de nuestros contactos, sus direcciones, etc.

Se considera dato personal cualquier información sobre una persona física cuya identidad pueda determinarse, por ejemplo, su número de DNI, su número de teléfono, su dirección electrónicay postal, así como sus creencias, datos genéticos, aficiones, solvencia, etc.

Las nuevas tecnologías permiten almacenamientos y tratamientos infinitos de nuestros datos, por lo que se han establecido normas para evitar que dichos datos se usen de formaindiscriminada.

Esas normas establecen una serie de obligaciones para empresas, profesionales, asociaciones, comunidades de propietarios, etc…. El incumplimiento de esas obligaciones puede dar lugar ala imposición de multas de un importe elevadísimo.

El Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de la Unión Europea sustituye la anterior Directiva y es directamente aplicable en todo el territorio de la Unión a partir del 25 de mayo de 2018

Esto supone la aparición de nuevas figuras como el Delegado de Protección de Datos o Data Protection Officer, cuya existencia es obligatoria en las Administraciones Públicas, Banca, Aseguradoras, Empresas de Marketing directo, Empresas de Trabajo Temporal, Aseguradoras, Partidos Políticos, Sindicatos, Centros Médicos, Mutuas, Gestorías, Asesorías, Despachos de Abogados, Gestión de Morosos, etc.

También se establece la necesidad de realizar Estudios de Impacto y Registros del Tratamiento de los datos; debiendo estar dichas operaciones todas debidamente documentadas.

Todas las empresas y todos los particulares; lo que pasa es que, en función del tipo de datos y de su tratamiento, las obligaciones son de distinto nivel para unos y para los otros.

El Reglamento será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, si bien ya ha entrado en vigor y, a través de él, se refuerzan los derechos de los ciudadanos, al establecer una normativa uniforme en toda la Unión Europea y se establecen sanciones de hasta 20.000.000de Euros, o del 4% del volumen de negocio, si es una empresa, optándose por la más alta.

Dicha responsabilidad no elimina la contenida ya en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que establece sanciones de 900 a 40.000 € por las leves, de 40.001 a 300.000 € por las graves; y de 300.001 a 600.000 por las muy graves. Y constituye infracción grave el mero tratamiento de un dato personal sin haber recabado su consentimiento, en los casos en los que no está autorizado.

Lugar: Centro Asociado de Pontevedra

Fecha y hora: 16 de junio de 2018, de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 19:00h

El presente evento es difundido a través de la Plataforma AVIP y recibe el soporte técnico de INTECCA.

En el siguiente enlace encontrarás más información.