La Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno supone una auténtica conmoción de los esquemas de relación de los poderes públicos con los ciudadanos. A partir de su entrada en vigor (tanto las Administraciones Públicas General, Autonómica y Local, como las entidades gestoras de la Seguridad Social, los organismos autónomos, las Corporaciones de Derecho Público, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, otros organismos e instituciones públicas, perceptores de fondos públicos y Casa del Rey, etc.) deberán suministrar información sobre sus actividades y utilización de los fondos públicos y deben responder a las demandas de información de los ciudadanos, lo que no era posible con anterioridad. En este curso se realizará un análisis exhaustivo de la ley, prestando atención especial a las nuevas obligaciones que supone para la Administración Local y Autonómica.