Si bien la recuperación económica trajo consigo un descenso de los litigios, esto no se tradujo en una menor complejidad de los mismos.

Cada vez son más frecuentes los procesos judiciales que deben abordar cuestiones de una enorme complejidad y con un alto grado de especialización, en particular en lo que respecta al ámbito económico.

En este contexto, la figura del perito económico y de la prueba pericial resultan esenciales en la medida en que contribuyen a una mayor calidad en la respuesta judicial, a una solución ajustada a derecho y conforme al principio de seguridad jurídica.